Cuando una mujer de Texas fue detenida y encarcelada por autoinducirse un aborto en 2022, su nombre y foto de ficha policial se difundieron rápidamente por todo el mundo. Tres dÃas después, el fiscal del condado de Starr y fue por haberlos presentado.
Pero para Lizelle Herrera, ahora Lizelle González, el daño ya estaba hecho. La "humillación de una acusación y una detención muy publicitadas" ha "afectado permanentemente a su posición en la comunidad", según una nueva demanda federal presentada el jueves.
González demanda a Gocha Allen RamÃrez, fiscal del condado de Starr, y a Alexandria Lynn Barrera, fiscal adjunta, por más de un millón de dólares. Los fiscales suelen gozar de , pero la demanda alega que RamÃrez y Barrera renunciaron a ella cuando emprendieron la ¾±²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³¦¾±Ã³²Ô de este caso y engañaron al gran jurado.
En el condado de Starr, situado en el Valle del RÃo Grande, en el sur de Texas, viven unas 65,000 personas.
Esta acusación y el supuesto aborto se produjeron antes de la anulación del caso Roe contra Wade y de la prohibición casi total del aborto en el estado. En aquella época, el aborto en Texas estaba prohibido después de unas seis semanas de embarazo; González estaba embarazada de 19 semanas cuando acudió al Starr County Memorial Hospital tras haber tomado supuestamente un fármaco inductor del aborto.
Pero la ley de Texas, entonces y ahora, no permite presentar cargos de asesinato contra una persona embarazada que se somete a un aborto. No habÃa motivos para acusar a González por interrumpir su propio embarazo, algo que RamÃrez reconoció después de que González pasara dos noches en la cárcel.
Una del Colegio de Abogados del Estado de Texas descubrió que RamÃrez "trató de presentar cargos de homicidio criminal contra una persona por actos claramente no delictivos". RamÃrez accedió a pagar una multa de 1,250 dólares y su licencia se mantendrá en suspensión condicional durante un año.
La oficina del fiscal de distrito no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El viernes, RamÃrez dijo a la agencia de noticias The Associated Press que aún no habÃa sido notificado de la demanda y declinó hacer comentarios.
La presentación dice que González está demandando para reivindicar sus derechos constitucionales, y "para hacer responsables a los funcionarios del gobierno que los violaron".
Surgen nuevos detalles
Cuando González fue detenida por primera vez en abril de 2022, se hicieron públicos pocos detalles. Esta nueva demanda ofrece información adicional sobre la cronologÃa de los acontecimientos que condujeron a su detención.
Según la demanda, González acudió por primera vez a la sala de urgencias del condado de Starr en enero de 2022. Estaba embarazada de 19 semanas y, según la demanda, habÃa tomado Cytotec, también conocido como misoprostol, para supuestamente inducir un aborto.
SeguÃa registrando frecuencia cardiaca fetal, por lo que la enviaron a casa. Al dÃa siguiente, volvió al hospital en ambulancia, quejándose de dolor abdominal y hemorragia vaginal. No habÃa actividad cardiaca fetal y se le diagnosticó un "aborto espontáneo incompleto" antes de que diera a luz por cesárea al niño que habÃa nacido muerto.
En algún momento entre esas visitas de enero y finales de marzo de 2022, según la demanda, los empleados del Starr County Memorial Hospital informaron a la FiscalÃa del Condado de Starr sobre el intento de aborto de González. Las acusaciones fueron investigadas directamente por la oficina de RamÃrez, no por el sheriff o el departamento de policÃa local, según la presentación.
Barrera y RamÃrez llevaron entonces sus conclusiones ante un gran jurado. La demanda dice que "presentaron información falsa y tergiversaron imprudentemente los hechos para presentar cargos de asesinato contra el demandante por actos claramente no delictivos según el Código Penal de Texas".
González fue detenida por asesinato el 7 de abril de 2022 y llevada a la cárcel del condado de Starr bajo una fianza de 500,000 dólares. Su arresto fue noticia internacional y movilizó a activistas de todo el paÃs, . La demanda dice que fue llevada al hospital mientras estaba encarcelada, aunque no dice por qué.
González quedó en libertad bajo fianza organizada por grupos de defensa nacionales. Tres dÃas después de su detención, RamÃrez retiró los cargos.
"Al revisar la legislación aplicable en Texas, queda claro que la Sra. Herrera no puede ni debe ser procesada por la acusación que se le imputa", dijo RamÃrez en un comunicado de prensa en aquel momento.
Esto hizo poco para calmar la atención sobre el caso, dice la demanda.
"Como las acusaciones se referÃan al aborto -un tema polÃtico candente- la desestimación de los cargos no supuso una menor atención mediática", afirma. "Más bien, la atención de los medios aumentó tras la desestimación debido a que la acusación era frÃvola".
González pide más de un millón de dólares por la "privación de libertad, el daño a su reputación, la humillación pública, la angustia, el dolor y el sufrimiento" que experimentó como resultado de esta acusación. No se ha fijado fecha para la vista.
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